Entrevista a Alejandra Sepúlveda

Presidenta Ejecutiva, International Idea

¿Qué es la violencia política digital contra las mujeres y qué impacto tiene en la democracia? La violencia política digital contra las mujeres es un fenómeno que ya no es marginal ni exclusivamente online; es la prolongación de la violencia política más estructural que vienen sufriendo las mujeres hace mucho tiempo, pero que con la dimensión digital se ha amplificado de manera exponencial, redefiniendo lo que son las condiciones de la participación democrática de las mujeres en los sistemas políticos tanto de Chile como de la región.

Tiene efectos bien específicos y fuertes porque restringe la participación política, amplifica las desigualdades estructurales, combina misoginia, racismo y desinformación, y erosiona la confianza democrática. Y finalmente nos plantea un dilema: América Latina, e incluso Chile con su ley de cuotas para la competencia por los escaños en el Parlamento, ha avanzado en inclusión y en normativas de balance de género o paridad, pero esos avances hoy conviven con estas nuevas formas de violencia digital. Ya no importa solo cuántas mujeres llegan, sino bajo qué condiciones esas mujeres permanecen.

¿Cómo se manifiesta este fenómeno y qué evidencia existe sobre sus consecuencias en las mujeres que participan en política? Las manifestaciones de esta exclusión en el entorno digital tienen que ver con hostigamiento, campañas de desprestigio, operaciones de desinformación dirigidas a dañar su liderazgo, amenazas, ataques y deepfakes. Son manifestaciones que han hecho que mujeres candidatas importantes —no solo con menos experiencia, sino también con mucha experiencia— reciban este tipo de violencia digital, que es muy injusta y está muy enfocada en ellas.

El nuevo Observatorio del SERVEL lo pone muy claro cuando expresa el fenómeno en la última elección presidencial y muestra las miles de ataques y desinformación tóxica que recibieron las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei (independientemente de que también hubo ataques tóxicos contra el actual presidente, José Antonio Kast, cuando era candidato). Hay que ser muy claros: la violencia digital lo que busca es expulsar a las mujeres con voz pública del sistema político, de la conversación y de la participación, y eso hace que en concreto vaya modificando sus aspiraciones.

Hay un estudio muy importante a nivel regional de ONU Mujeres (2022), donde se encuestó a mujeres en 15 países de la región y se demuestra que, al recibir violencia política digital:

  • El 80% limitó su participación.
  • El 40% se autocensuró.
  • El 33% cambió de trabajo o de función.
  • El 80% temió por su integridad física.

Estamos hablando de amenazas que evolucionan mucho más rápido que las respuestas institucionales debido al uso de la tecnología, la inteligencia artificial generativa, la amplificación algorítmica que ofrecen las plataformas digitales sin ningún tipo de control y el anonimato de los perpetradores.

¿Cuál es el rol de IDEA Internacional en este Observatorio y qué hallazgos han obtenido en la región? IDEA Internacional es parte del Consejo Estratégico de este Observatorio junto al PNUD y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Todas estas instituciones, en conjunto con el SERVEL, tenemos capacidades complementarias muy valiosas para llevarlo adelante. IDEA Internacional es un organismo intergubernamental con sede en Estocolmo que trabaja por la protección de la democracia en el mundo, y nosotros somos parte de la oficina regional de América Latina y el Caribe con sede en Panamá.

Nuestra directora, Marcela Ríos, elaboró un estudio llamado Violencia política en la esfera digital, que sirvió de base diagnóstica para construir este observatorio con evidencia, analizando la evolución del marco normativo regional desde el sistema interamericano, las expresiones que van desde la esfera online a la offline, recomendaciones y evidencia comparada.

Asimismo, el proyecto regional que lidero sobre el fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral en América Latina —financiado por la Cooperación Española— ha elaborado estudios de caso en seis países: Chile, México, Uruguay, Colombia, Guatemala y Perú. Allí pudimos entender cómo se expresa la violencia política digital de género, qué implican sus marcos normativos o la ausencia de ellos, y qué brechas faltan para pasar del monitoreo a la acción concreta. Descubrimos que existe un patrón común en todos los países: intentar expulsar a las mujeres de la esfera pública y callar su voz.

¿Por qué las leyes por sí solas no son suficientes y cuál es la situación actual de la regulación en Chile? Nos hemos dado cuenta de que si bien los marcos normativos son muy importantes —y ahí el ejemplo máximo es México, que es un laboratorio regional de respuestas institucionales para prevenir y sancionar la violencia política—, esto no es suficiente. Hay que generar una acción coordinada que involucre a otros actores como los partidos políticos, las plataformas digitales, la justicia y los organismos electorales para generar respuestas que permitan a las mujeres sentirse protegidas. Esa es la gran deuda en casi todos los países: pasar del dicho al hecho, de la normativa a la acción concreta, lo que implica una corresponsabilidad clara entre distintos actores.

En el caso de Chile, hemos evolucionado desde regulaciones fragmentadas a un enfoque más integral. La Ley de Violencia Integral promulgada en 2024 es el marco a través del cual este observatorio inicia su andadura, pero Chile todavía no tiene un régimen electoral especializado en violencia política de género y violencia digital. El principal desafío sigue siendo la coordinación institucional y la adaptación digital.

Lo que ofrece este observatorio es muy importante porque permite tener data periódica sobre lo que pasa en redes sociales y ofrece evidencia para avanzar en una ley más específica que no cargue solamente en la mujer la responsabilidad de la prueba —refiriéndome al proyecto de ley sobre violencia digital que lleva unos tres o cuatro años en discusión en el Congreso sin avanzar—. Hoy el SERVEL ha mejorado sustantivamente la observación activa de la esfera digital, pero tenemos que involucrar a los medios, a la sociedad civil y a las plataformas digitales, que es el actor más relevante y difícil, ya que hoy no tienen una intención declarada de trabajar en la prevención, bajando contenidos tóxicos o persiguiendo a los atacantes que actúan con enorme impunidad. Con todo, el observatorio del SERVEL es una muy buena contribución y un ejemplo de Chile para Latinoamérica y el Caribe.

¿Qué herramientas y facultades tiene hoy el SERVEL para impulsar cambios sin esperar una nueva ley? El observatorio parte con objetivos realistas porque, a diferencia de México —donde los órganos electorales tienen un mandato constitucional para prevenir y sancionar la violencia política digital de género—, en Chile eso todavía no ocurre. Entonces, el SERVEL pone a disposición sus capacidades de monitoreo, la colaboración con organizaciones aliadas para presentar evidencia concreta y su capacidad de articular como organismo autónomo a distintas instituciones, como la mesa de gobernanza en la que participan plataformas digitales para impulsar buenas prácticas.

Además, el SERVEL tiene una autoridad importante para influir en cómo los partidos políticos se comportan respecto a la protección de las candidatas y autoridades mujeres electas. Puede fiscalizar el cumplimiento de la ley de cuotas en las elecciones parlamentarias —que estará vigente por un periodo más, tras lo cual deberemos ver cómo seguir impulsando la igualdad sustantiva— y puede fiscalizar el uso del financiamiento público a los partidos, que por ley debe aplicarse a la formación de mujeres y cuadros políticos que van a competir y ejercer cargos.

A través de este acopio de información, el SERVEL puede influir en que se tramite más rápido el proyecto de ley en el Congreso y exigir protocolos a los partidos, lo cual no requiere necesariamente una ley, sino capacidad de convocatoria y voluntad política. Hoy el SERVEL es una institución autónoma y centenaria con gran credibilidad y confianza ciudadana, y volcar ese capital es clave para prevenir una de las amenazas más insidiosas a la democracia representativa de la región.

¿Cómo aborda IDEA Internacional este desafío dentro de su agenda democrática general? Desde IDEA Internacional no solo estamos preocupados por la violencia política digital de género, sino ocupados impulsando una agenda que no se puede tratar de manera aislada: trabajamos en integridad electoral, igualdad de género y gobernanza digital, tres dimensiones totalmente unidas.

No podemos entender la integridad electoral solo en tiempo de campaña, sino como un proceso continuo donde todos los actores del ecosistema democrático aseguren una participación equilibrada para elegir y ser elegidos. Sin esa inclusión plena de las mujeres —que somos más del 50% de la población—, las democracias están totalmente incompletas.

Nos ha costado mucho instalar estos mensajes porque siempre existe la tentación de los retrocesos; por ejemplo, en Estados Unidos ya se empieza a aglutinar un grupo marginal que propone suprimir el voto femenino en favor de un «voto familiar» ejercido por el jefe de hogar. Debemos evitar que ese tipo de ideas parezcan razonables. Por eso trabajamos por vincular estas tres agendas y elevar el costo que significa para los regímenes democráticos que exista este nivel de desinformación tóxica y violencia amplificada con impunidad por algoritmos que privilegian los discursos de odio por sobre el diálogo y el consenso democrático. Hay que estar muy alerta, y creemos que el observatorio del SERVEL junto a sus aliados es una gran contribución para Chile y la región.

 

Enlace Entrevista original: https://www.youtube.com/watch?v=h9aiqiDsJyk&t=3s

Publicación

17 de noviembre, 2026

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